Reclamaciones al seguro de auto en Carolina del Norte

Carolina del Norte liquida los daños de un choque por la vía de la responsabilidad civil ordinaria. La póliza obligatoria del § 20-279.21(b)(2) asegura al titular y a cualquier conductor autorizado «against loss from the liability imposed by law for damages arising out of the ownership, maintenance or use» del vehículo, y nada en esa sección crea una prestación sin culpa: no hay una cobertura de lesiones personales que cobrar primero. Lo que el estado conserva en su lugar es una defensa que la ley todavía nombra: el § 1-139 dispone que «a party asserting the defense of contributory negligence has the burden of proof of such defense». Carolina del Norte es una de las últimas jurisdicciones en que esa defensa excluye por completo la indemnización en vez de reducirla —quien resulte contributivamente negligente en alguna medida no recupera nada— y la salida reconocida es la doctrina de la «last clear chance», que pregunta si el demandado descubrió, o tenía el deber de descubrir, la situación de peligro inevitable o inadvertido del reclamante y después tuvo los medios y el tiempo para evitar el choque y no lo hizo por negligencia. Se alega para enervar la defensa, así que corresponde al reclamante invocarla y probarla.

Los plazos son fáciles de retener. Tres años para las lesiones a la persona según el § 1-52(5), y tres años para «taking, detaining, converting or injuring any goods or chattels» según el § 1-52(4): la reclamación por lesiones y la del vehículo caducan juntas, algo que no ocurre en la mayoría de los estados. Los tres años no corren desde el choque: el § 1-52(16) establece que la acción «shall not accrue until bodily harm to the claimant or physical damage to his property becomes apparent or ought reasonably to have become apparent», con un muro exterior de diez años desde el último acto del demandado. Demandar sobre la póliza misma es una acción contractual, que el § 1-52(1) también sitúa en tres años, y aquí Carolina del Norte hace algo que casi ningún estado hace: prohíbe a la aseguradora acortar ese plazo. El § 58-3-35(b) dispone que ninguna aseguradora autorizada conforme al capítulo «shall limit the time within which any suit or action … may be commenced to less than the period prescribed by law», y el apartado (c) declara nulas todas las condiciones prohibidas por la sección. La cláusula de tres años a la que el § 1-52(12) remite a través del § 58-44-16 tampoco alcanza a una reclamación de automóvil, porque el § 58-44-16(b) exceptúa expresamente las pólizas que cubren «automobile fire, theft, comprehensive, and collision». El plazo de doce años del § 1-46.1 es una caducidad por defecto de producto y nada tiene que ver con una reclamación por choque.

La cobertura mínima cambió hace poco, y la fecha importa más que las cifras. El § 20-279.21(b)(2) exige ahora 50.000 $ por lesión o muerte de una persona, 100.000 $ para dos o más, y 50.000 $ por daño o destrucción de bienes de terceros en un mismo accidente. Las cifras anteriores eran 30.000 $, 60.000 $ y 25.000 $. El aumento vino de la S.L. 2023-133, s. 12(d), cuya cláusula de aplicación alcanzaba a las «policies issued or renewed on or after that date», y la fecha se movió dos veces: la S.L. 2024-29, s. 8(c) la reescribió al 1 de julio de 2025 en lugar del 1 de enero de 2025, y la S.L. 2025-4, s. 6.2, una ley que en su propio título se llama corrección técnica, repitió esa misma fecha y regla de aplicación. Así que una póliza renovada por última vez antes del 1 de julio de 2025 sigue llevando los límites antiguos, y cualquier relato que fije el aumento en enero de 2025 leyó solo la primera de las tres leyes. La cobertura va unida a la matrícula y debe mantenerse de forma continua durante toda su vigencia (§ 20-309(a)). La cobertura por conductor sin seguro es obligatoria y no admite rechazo, iguala por defecto los límites de lesiones más altos de la propia póliza y se topa en 1.000.000 $ por persona y por accidente (§ 20-279.21(b)(3)); la cobertura por conductor con seguro insuficiente se exige junto a ella y con los mismos límites, sin umbral alguno de tamaño de póliza en todo el apartado (§ 20-279.21(b)(4)); y desde el 1 de julio de 2025 la ley lo dice en mayúsculas en la propia carátula: la aseguradora debe avisar de que el asegurado nombrado «IS REQUIRED TO PURCHASE UNINSURED MOTORIST BODILY INJURY COVERAGE, UNINSURED MOTORIST PROPERTY DAMAGE COVERAGE AND UNDERINSURED MOTORIST BODILY INJURY COVERAGE», y quien no lo haga se expone a una sanción civil (§ 20-279.21(m) y (o)). La cobertura de daños materiales por conductor sin seguro lleva una franquicia de 100 $.

Sobre la conducta de la aseguradora, Carolina del Norte pone el estándar en la ley y los relojes en el reglamento. El § 58-63-15(11) enumera como prácticas desleales de liquidación no «acknowledge and act reasonably promptly upon communications», no «affirm or deny coverage of claims within a reasonable time after proof-of-loss statements have been completed» y no transigir de buena fe cuando la responsabilidad es razonablemente clara, pero solo cuando se repiten con frecuencia suficiente para indicar una práctica habitual del negocio, y sin acción privada aparejada. Sus catorce apartados se leyeron íntegros y en ninguno aparece un número de días. El reglamento aporta dos relojes en días hábiles: la aseguradora debe inspeccionar el vehículo dañado dentro de 10 días hábiles desde que recibe la reclamación (11 NCAC 04 .0419(c)(2)), y los pagos deben enviarse o entregarse dentro de 10 días hábiles desde que la reclamación queda cerrada (.0421(b)(1)). No hay plazo de acuse de recibo en ninguna parte del capítulo. Hay un derecho pequeño, fácil de pasar por alto y que no cuesta nada ejercer: según el .0420, cuando la aseguradora acepta la responsabilidad o indica que se repare el coche en el entendimiento de que pagará, debe confirmarlo por escrito si se le pide, y debe confirmar por escrito cualquier otro acuerdo verbal a petición del reclamante. Un vehículo dañado en el 75 % o más de su valor real en efectivo previo al accidente debe declararse pérdida total y pagarse a valor previo, con el impuesto sobre ventas y las tasas de matriculación incluidos (.0418).

La pérdida de valor no es aquí una zona gris, y eso hace a este estado poco común. El § 20-279.21(d1) incorpora a cada póliza un procedimiento de tasación, disponible cuando la responsabilidad no se discute y activado cuando las estimaciones de las dos partes sobre la «diminution in fair market value» difieren en más de 2.000 $ o del 25 % del valor de venta previo al accidente, la cifra que sea menor. Cada parte designa tasador en 20 días y ambos acuerdan un tercero dirimente en 15; ese tercero no puede fijar una cantidad mayor ni menor que las de los tasadores, y no puede decidir ni la responsabilidad ni la cobertura. Y luego viene el plazo que más importa al reclamante y que más fácilmente se escapa: presentado el informe del dirimente, cualquiera de las partes tiene 15 días para rechazarlo, y si nadie lo hace «the report shall be binding upon both the claimant and the insurer». Cada parte paga a su tasador y los gastos del dirimente se reparten. La regla .0421(b)(5) añade lo otro que conviene recordar: firmar un acuerdo de liberación sobre la reparación no impide a un reclamante tercero una reclamación posterior por pérdida de valor que no pudo conocerse hasta que la reparación estuvo hecha, y el .0421(b)(4) da la misma protección al reclamante de primera parte respecto de daños ocultos. En cuanto a la obligación de comunicar el accidente, todo depende de un término definido que resuelve una confusión frecuente: el § 20-4.01(4c) dice que «the terms collision, accident, and crash and their cognates are synonymous», de modo que el «reportable accident» del § 20-166.1(a) es el «Reportable Crash» del § 20-4.01(33b): un choque con muerte o lesión, o con daños materiales totales de 1.000 $ o más. El aviso a la policía debe ser inmediato y por el medio de comunicación más rápido. Golpear un vehículo estacionado se comunica en cambio a su propietario, dentro de las 48 horas, sea o no un choque comunicable.