Reclamaciones al seguro de auto en Distrito de Columbia

El Distrito de Columbia es una jurisdicción de seguro obligatorio cuyo capítulo se titula «Compulsory/No-Fault Motor Vehicle Insurance», y ese título es lo más engañoso que tiene. La protección contra lesiones personales es opcional para el asegurado: la aseguradora debe ofrecerla y el asegurado puede tomar cualquiera de las tres coberturas, o cualquier combinación, «solely at his or her option» (§ 31-2404(a)). Cuando se contrata, paga sin atender a la culpa (§ 31-2404(b)), con prestaciones médicas y de rehabilitación de al menos 50.000 $, pérdida de ingresos de al menos 12.000 $ —con una reducción presunta del 20 % por impuestos salvo prueba en contrario— y gastos funerarios de hasta 4.000 $. Lo decisivo ocurre después del choque: la víctima tiene 60 días desde el accidente para comunicar a la aseguradora su elección de acogerse a esas prestaciones; la aseguradora debe informar por escrito de ese plazo a toda víctima identificable, y ambas partes pueden prorrogarlo por acuerdo escrito. Si no se elige dentro de los 60 días, se aplica la cobertura obligatoria de responsabilidad civil (§ 31-2405(a), (d), (e) y (g)): en el Distrito, el silencio conserva la demanda.

Esa elección es la que condiciona la demanda, y solo para quien la hace. La víctima que opta por las prestaciones solo puede demandar a otra persona si la lesión produce directamente una cicatriz o desfiguración permanente sustancial, o un menoscabo permanente sustancial y médicamente demostrable que afecte de forma significativa a su actividad profesional o a sus actividades cotidianas, o un menoscabo médicamente demostrable que le impida realizar todas o casi todas sus actividades habituales durante más de 180 días continuos; o bien si los gastos médicos y de rehabilitación o la pérdida de ingresos superan las prestaciones disponibles (§ 31-2405(b)). La muerte queda enteramente fuera de la restricción: los supervivientes pueden demandar por el daño patrimonial y no patrimonial derivado del fallecimiento, hubiera elegido la víctima lo que fuera (§ 31-2405(c)). Si la víctima está incapacitada, la elección puede hacerla el pariente más próximo o quien se ocupe de sus asuntos (§ 31-2405(f)).

La culpa compartida es donde el Distrito más se aparta de sus vecinos, y la respuesta depende de quién resultó lesionado. Entre conductores sigue en pie la vieja exclusión: el Tribunal de Apelaciones declaró en 2021, en un caso de atropello, que «a plaintiff in a negligence action generally cannot recover when he or she is found to have been contributorily negligent», y añadió en nota que «the District remains one of the few jurisdictions that generally retains a pure contributory negligence defense» y que incluso el reclamante con culpa concurrente puede recuperar si el demandado tuvo la última oportunidad de evitar el daño. El propio Consejo dijo lo mismo de su derecho al redactar los considerandos del capítulo sin culpa, al describir el sistema vigente como aquel en que la víctima debe acreditar «that the person injured was free from contributory fault» (§ 31-2401(a)(2)(D)). La excepción legal es estrecha y deliberada: según el § 50-2204.52, al peatón o «vulnerable user» solo se le niega la indemnización cuando su negligencia fue causa próxima y mayor que la negligencia agregada de todos los demandados, y «vulnerable user» está definido de modo que comprende a ciclistas, usuarios de patinete y motociclistas, pero no al conductor ni al ocupante de un automóvil. La responsabilidad solidaria y la «last clear chance» quedan expresamente a salvo.

En cuanto a las cifras, los mínimos obligatorios vigentes hoy son 25.000 $ por persona lesionada, 50.000 $ por el conjunto de personas lesionadas en un mismo accidente y 10.000 $ por daños materiales (§ 31-2406(b) y (c)), y están a punto de cambiar. La Motor Vehicle Insurance Modernization Amendment Act of 2026 suprime esas cifras e inserta 50.000 $, 100.000 $ y 20.000 $, con aplicación desde el 1 de octubre de 2027, y añade un escalonamiento decenal desde el 1 de enero de 2037. La cobertura frente a conductor sin seguro es obligatoria y de alcance inusual: toda aseguradora debe incluir 25.000 $ por persona, 50.000 $ por accidente y 5.000 $ de daños materiales con una franquicia de 200 $, y el asegurado puede elevarla hasta 100.000 $, 300.000 $ y 25.000 $; «sin seguro» comprende al vehículo cuya aseguradora niega la cobertura o entra en insolvencia, y al conductor que se da a la fuga y no puede identificarse (§ 31-2406(f)). La cobertura por infraaseguramiento, en cambio, solo se ofrece: no para motocicletas ni ciclomotores a motor, sin obligación de volver a ofrecerla una vez rechazada y sin exigir que la aseguradora conserve el rechazo por escrito (§ 31-2406(c-1)).

Tres años es la respuesta a casi todos los plazos del Distrito: tres años por daño a bienes muebles o inmuebles, tres años por lesión corporal según la cláusula residual y tres años en contrato simple, que es la vía para demandar a la propia aseguradora (§ 12-301(a)(3), (7) y (8)). Dos relojes de la aseguradora sí están fijados en días. Las prestaciones impagadas 30 días después de que la aseguradora reciba prueba razonable quedan vencidas y devengan interés al tipo preferencial vigente en el Distrito el día en que vencieron por primera vez (§ 31-2410(c)): es un tipo variable, así que aquí no se imprime porcentaje alguno. Y cuando el reclamante formula una reclamación escrita y aporta los documentos enumerados, la aseguradora debe responder por escrito en 30 días y revelar los límites de todas las pólizas, incluso si discute que la póliza sea aplicable (§ 31-2403.01(d)); los accidentes con ciclistas están expresamente incluidos. Más allá de esos dos, la ley de prácticas desleales de liquidación impone deberes de acusar recibo y actuar con prontitud razonable y de confirmar o negar la cobertura en un plazo razonable, pero no fija ningún número de días (§ 31-2231.17), y si alguna norma reglamentaria del Distrito lo fija no se ha comprobado contra un texto primario y no se afirma aquí. No hay umbral económico de denuncia: todo conductor que sepa o tenga motivos para creer que su vehículo ha intervenido en una colisión debe detenerse de inmediato, llamar al 911 y permanecer hasta la llegada de la policía cuando haya una persona lesionada, y facilitar sus datos identificativos cuando se dañen bienes ajenos; no ser culpable de la colisión no es defensa alguna (§ 50-2201.05c). Las quejas se presentan ante el Department of Insurance, Securities and Banking, cuya Consumer Services Division confirma la recepción de una queja completa en tres días hábiles: es un compromiso de servicio del organismo y no un plazo que obligue a ninguna aseguradora.